Se trata de un conjunto de 18 directrices surgidas de encuentros entre funcionarios judiciales, referentes barriales, organizaciones sociales y comunidades religiosas.
La Universidad Católica de La Plata será sede este miércoles de la presentación de las Reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas, un conjunto de 18 directrices surgidas de encuentros entre funcionarios judiciales, referentes barriales, organizaciones sociales y comunidades religiosas. La actividad comenzará a las 18 en el aula 10 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP y será libre y abierta al público.
Las Reglas proponen desde garantizar comida, abrigo y techo ante una intervención judicial hasta evitar que la falta de DNI impida acceder a derechos; permitir acompañantes de confianza; acelerar causas que involucren a personas vulnerables; considerar la situación habitacional antes de disponer determinadas medidas y evitar la criminalización de conductas de escasa lesividad que sean consecuencia directa de la necesidad.
La escena que dio origen a las Reglas “Papa Francisco” no ocurrió en un despacho judicial. Tampoco en una facultad de Derecho. Funcionarios, jueces, fiscales, defensores y referentes sociales comenzaron a reunirse en parroquias y organizaciones de barrios populares para escuchar qué ocurre cuando una persona que ya vive en los márgenes entra en contacto con la Justicia.
De esas conversaciones surgió una constatación elemental pero de consecuencias profundas: la igualdad formal ante la ley no garantiza por sí sola igualdad real frente al sistema judicial.
Una persona puede carecer de domicilio, documento, dinero para transportarse, capacidad para comprender el lenguaje jurídico o posibilidades materiales de cumplir una orden judicial. Puede salir de una cárcel o un hospital y no tener dónde dormir. Puede vivir de la venta ambulante, el reciclado o las changas y aparecer ante un expediente simplemente como alguien “sin trabajo”. Puede llevar consigo herramientas, cubiertos o varias prendas porque vive en la calle y que esos objetos sean interpretados como elementos sospechosos.
Las Reglas intentan que esas diferencias sean incorporadas a las decisiones judiciales en lugar de convertirse automáticamente en nuevas razones de castigo.
Según sostiene Eduardo García, las reglas nacieron de la combinación entre el pensamiento de Francisco y el reclamo de quienes esperan desde los márgenes una Justicia que los mire, escuche y trate como personas. No pretenden funcionar como una declaración ornamental. Su ambición es obligar al sistema judicial a revisar prácticas concretas.
Una presentación que reúne a la Iglesia, la Justicia y la universidad
El encuentro de este miércoles en calle 57 Nº 936, entre 13 y 14, en el centro platense reúne a actores provenientes de ámbitos diferentes del sistema institucional y eclesiástico.
El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, participará además en su condición de presidente de Cáritas Argentina. Carrara, que viene de una extensa trayectoria pastoral en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, aportará al encuentro la dimensión social y territorial que está en el origen mismo de las Reglas.
También expondrá monseñor Eduardo García, obispo de San Justo y responsable de la Pastoral Judicial, una de las estructuras impulsoras de los “Diálogos por una justicia más humana”. García es además autor de la presentación incluida en la edición especial de las Reglas, donde plantea que humanizar la Justicia no debe entenderse como una opción complementaria sino como una “deuda urgente”.
Por el ámbito institucional bonaerense participarán Hernán Gómez, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte-Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia provincial. La presencia de ambos amplía el alcance de la presentación: no se trata sólo de un documento de reflexión pastoral, sino de una propuesta que busca interpelar directamente a quienes integran los distintos niveles del Estado y del sistema judicial.
El quinto expositor será Alejandro W. Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Slokar ya intervino en la discusión doctrinaria de las Reglas con trabajos publicados en revistas jurídicas especializadas. En La Ley escribió sobre la Justicia como grito y en El Derecho abordó el humanismo jurídico frente a la cultura del descarte.
La apertura institucional estará en manos de Rita Gajate, rectora de la Universidad Católica de La Plata. La moderación será compartida por Karina Yabor, integrante de la Justicia Federal y de la Pastoral Judicial, y Cecilia López Puertas, integrante de la Justicia provincial y de la Acción Católica Argentina.
El título elegido para el encuentro resume la orientación de la jornada: “Reglas Papa Francisco. Hacia una justicia más humana”.
De la Villa 1-11-14 a Claypole
El proceso comenzó en 2024 con los llamados “Diálogos por una justicia más humana”.
Hubo encuentros en Santa María Madre del Pueblo, en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, la antigua Villa 1-11-14; en el Hogar del Padre Cajade, en Arana, La Plata; en la parroquia San José de Puerta de Hierro, en La Matanza; en la capilla María Auxiliadora de Moreno; en el parador La Mano de Dios, en Once; en la Iglesia del Buen Pastor, en Rosario; en el Hogar de Mujeres Madre de Lourdes, en Villa Soldati, y en el Cottolengo Don Orione, en Claypole.
No se convocó únicamente a especialistas. Participaron funcionarios judiciales pero también referentes barriales, sociales y eclesiásticos.
El método fue invertir el circuito habitual: no pedirle primero al excluido que se adapte a los procedimientos de la Justicia, sino preguntarle a la Justicia qué debe modificar para poder comprender a una persona cuya experiencia cotidiana está atravesada por la pobreza, la precariedad o el abandono estatal.
De allí surge una de las definiciones centrales del texto. Una “persona excluida” es aquella que está privada del acceso real a derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Puede ser detenida, juzgada y castigada por el Estado mientras, simultáneamente, permanece lejos de las prestaciones y protecciones que ese mismo Estado debería garantizarle.
El problema, entonces, no es sólo quién llega a los tribunales. Es en qué condiciones llega.
Comer, abrigarse y tener dónde dormir también entran al expediente
La primera regla se denomina Cuidado de la vida.
No habla de una teoría jurídica. Dice que cualquier contacto de una persona excluida con el sistema judicial debe garantizar condiciones mínimas de contención humana y material, entre ellas alimento, abrigo y techo.
La segunda se ocupa de la identidad. Si alguien no tiene DNI, sostiene el documento, esa carencia no puede transformarse en un impedimento para acceder a derechos. La respuesta debe consistir en facilitar identificaciones provisorias y ayudar a obtener la documentación, no en cerrar la puerta del Estado.
La tercera regla ataca uno de los reflejos más habituales de la criminalización de la pobreza: presumir peligrosidad por nacionalidad, condición de calle, género, identidad sexual, consumo de sustancias o situación social.
Después aparece la escucha. Las Reglas plantean que la persona debe poder explicar lo que le ocurre con sus propias palabras. No debería exigírsele que maneje lenguaje jurídico ni formalidades que desconozca. El operador judicial tiene, a su vez, que evitar interrupciones, gestos intimidatorios o conductas capaces de aumentar la confusión.
La empatía también es convertida en procedimiento. El funcionario debe identificarse, explicar su función, describir qué ocurrirá durante el acto judicial, quiénes estarán presentes y cuál es su finalidad. El lenguaje tiene que ser claro y accesible. No aparece como un gesto de cortesía sino como condición para una participación efectiva y para el debido proceso.
Otra de las reglas es la prontitud. Una causa que involucra a una persona excluida debería recibir atención prioritaria para evitar que demoras, traslados y trámites burocráticos profundicen su situación.
Para alguien con vivienda, trabajo estable, documentos y capacidad económica, regresar varias veces a un tribunal puede ser una molestia. Para una persona que vive en la calle, trabaja por día, depende de un comedor o debe viajar durante horas para llegar a una dependencia judicial, la misma exigencia puede volver materialmente imposible el ejercicio de un derecho.
Por eso el documento reclama evitar demoras injustificadas y exigencias procesales desproporcionadas.
Las Reglas también piden identificar tempranamente vulnerabilidades intelectuales o psicosociales, tanto cuando la persona aparece como acusada como cuando interviene como víctima o testigo. Esa detección puede comenzar en una comisaría, un hospital, una defensoría o mediante la intervención de trabajadores sociales.
Y ante una vulneración concreta la indicación es actuar inmediatamente, incluso de oficio: proteger primero a la persona y discutir después qué jurisdicción es competente.
Las cosas pequeñas que para alguien pueden ser toda una vida Una de las directrices más concretas se refiere a los objetos incautados.
Para una persona en situación de calle, un documento, una herramienta o un objeto necesario para comer puede tener un valor que un expediente no registra. La regla propone que, cuando esos bienes no sean imprescindibles para una investigación, sean devueltos de manera urgente.
Otra obliga a considerar el problema habitacional. Si alguien está por salir de una cárcel, de un hospital o de un hogar asistencial y no tiene dónde vivir, o enfrenta un desalojo inminente, esa circunstancia debería formar parte de la evaluación judicial. La respuesta no puede limitarse a ejecutar una medida ignorando que su consecuencia inmediata será dejar a esa persona en la calle.
También se reconoce el derecho de la persona excluida a concurrir a una instancia judicial con alguien de su confianza: un familiar, un referente afectivo, comunitario o religioso, un facilitador o cualquier integrante de su red de apoyo. La finalidad es reducir la intimidación y permitir una comunicación más efectiva, sin sustituir la autonomía de la persona.
No judicializar el hambre
Quizás una de las reglas de mayor impacto sea la denominada Enfoque alternativo. Plantea que deben evitarse o minimizarse los procesos penales por conductas no lesivas o de escasa lesividad cuando sean consecuencia de la necesidad.
El propio texto pone ejemplos: el hurto de comida o de productos básicos y el aseo personal realizado en la vía pública. En lugar de activar automáticamente la maquinaria penal, recomienda recurrir a mediación, conciliación u otros mecanismos comunitarios cuando la naturaleza del caso lo permita.
La regla siguiente lleva el razonamiento todavía más lejos. Una conducta debe analizarse a la luz de las condiciones reales en las que vive la persona. No debería castigarse con prisión un incumplimiento que sea consecuencia directa de la exclusión, de una violencia estructural o de un impedimento material.
Las Reglas ponen un ejemplo revelador: alguien que vive en la calle puede llevar cuchillos, cubiertos, botellas, herramientas o varias prendas encima no porque prepare un delito, sino porque transporta consigo los objetos que otra persona guarda normalmente en su casa.
La mirada cambia según el lugar desde el que se observa.
El barrio puede ser parte de la solución
El documento reconoce además a las redes comunitarias. Una parroquia, una organización social, un referente barrial o una red de ayuda mutua pueden actuar como acompañantes y colaborar en el cumplimiento de determinadas medidas alternativas a la detención.
No se trata de sustituir al Estado sino de reconocer que, en muchos territorios, esas estructuras son las únicas que mantienen un contacto cotidiano con las personas más vulnerables.
El mismo criterio aparece frente a los consumos. La consigna es distinguir entre consumo y consumo problemático, analizar su contexto y, si constituye un problema, ofrecer acceso a salud. La fórmula que resume esa directriz es sencilla: acompañar, no castigar.
También se modifica el concepto de trabajo. Una persona que vende en la calle, recicla cartón, realiza changas, trabajos comunitarios o un oficio independiente no debería ser considerada automáticamente desempleada por carecer de recibo de sueldo. Las Reglas reconocen expresamente esas actividades como formas genuinas de trabajo que sostienen personas, familias y economías populares.
Del debate doctrinario a una agenda institucional
El texto ya comenzó a circular dentro del mundo jurídico. En abril fue objeto de una edición especial de La Ley con trabajos de Eduardo García, Julio Conte-Grand y Alejandro Slokar; el 5 de mayo El Derecho publicó otra edición especial con el texto completo y artículos de los mismos autores.
La presentación en La Plata busca dar otro paso: reunir en la misma mesa a autoridades de la Iglesia, la universidad y organismos centrales del sistema judicial bonaerense y federal para discutir cómo convertir las Reglas en prácticas efectivas.
La pluralidad de los expositores es parte del mensaje. Carrara y García representan la dimensión pastoral y el trabajo territorial que dio origen al documento. Gómez y Conte-Grand integran instituciones decisivas del Estado bonaerense. Slokar suma la mirada de la magistratura federal y de la academia. La UCALP aporta el espacio universitario desde el cual se propone ampliar la discusión hacia estudiantes, profesionales y operadores jurídicos.
No es, por lo tanto, solamente una presentación editorial. Es también un intento de instalar una pregunta dentro del funcionamiento cotidiano de la Justicia: qué debe hacer un tribunal cuando la aplicación formalmente idéntica de una regla produce consecuencias radicalmente desiguales sobre personas que parten de condiciones materiales completamente diferentes.
En la presentación de la edición especial, Eduardo García formula esa tensión en términos directos: cada vez que una persona excluida entra al sistema judicial, “no entra un caso: entra una vida”.
Las Reglas “Papa Francisco” intentan que esa vida no salga de allí más lastimada de lo que entró. Y ése es posiblemente el núcleo más concreto del legado que quieren preservar: que la Justicia deje de mirar únicamente el expediente y vuelva a mirar a la persona.
